La era digital ha puesto sobre la mesa herramientas con un potencial disruptivo para la Administración Pública. La tecnología blockchain, conocida por su capacidad para garantizar la inmutabilidad y trazabilidad de los datos, se perfila como un aliado estratégico para la contratación pública. Sin embargo, su adopción no puede ser un acto de fe tecnológica; debe ser jurídicamente viable y respetar los principios que sustentan nuestro ordenamiento.
En BAUTHER Abogados abordamos este desafío desde una perspectiva analítica, explorando si la incorporación de blockchain es compatible con la estructura de los enunciados jurídicos y los principios constitucionales que rigen la actuación del Estado Mexicano.
La Estructura de los Enunciados Jurídicos como Fundamento
Para evaluar la viabilidad de cualquier tecnología en el ámbito legal, debemos partir de la base de que las normas son, ante todo, construcciones lingüísticas. Como señala la doctrina, la validez de estas construcciones depende de su coherencia con el sistema jurídico en su conjunto y con los principios que lo informan.
En este sentido, el estudio de los enunciados jurídicos resulta esencial. No es lo mismo una regla de mandato, que prescribe una conducta específica, que un principio, que ordena la optimización de un valor jurídico. Esta distinción es crucial para nuestro análisis, ya que la implementación de blockchain en la contratación pública deberá operar dentro de este complejo entramado normativo.
Principios rectores de la contratación pública:
- Legalidad: Toda actuación debe tener un fundamento y una motivación legal expresa.
- Transparencia: La publicidad y el acceso a la información son esenciales para la rendición de cuentas.
- Eficiencia: Se busca la mejor relación entre el uso de los recursos y los resultados obtenidos.
- Rendición de Cuentas: Los servidores públicos deben justificar y responsabilizarse por el uso de los fondos asignados.
Blockchain y el Microsistema de las Contrataciones Públicas
La contratación pública, como microsistema dentro del ordenamiento jurídico mexicano, está regida por los principios mencionados. La pregunta clave es: ¿puede blockchain fortalecer el cumplimiento de estos principios? La respuesta parece ser afirmativa, siempre que se respeten los enunciados normativos que la regulan.
Ventajas potenciales:
- Trazabilidad: La inmutabilidad de la cadena de bloques permite un registro a prueba de manipulaciones de cada paso del procedimiento de contratación, desde la convocatoria hasta la ejecución del contrato.
- Transparencia: La información registrada puede ser consultada y auditada por cualquier ciudadano o autoridad, reforzando la fiscalización social y el gobierno abierto.
- Seguridad: La criptografía protege la integridad de los datos y reduce el riesgo de alteraciones o fraudes.
El Desafío: La Viabilidad Jurídica y los Riesgos
Sin embargo, la implementación de blockchain no está exenta de desafíos jurídicos. El principal es que, en muchos casos, la falta de cobertura legal expresa impide su adopción inmediata. Nuestro análisis concluye que la tecnología es viable, pero debe respetar la estructura del ordenamiento jurídico mexicano y no puede sustituir las garantías jurídicas que protegen a los administrados.
Riesgos y retos que deben gestionarse:
- Inmutabilidad vs. Derecho al Olvido: La imposibilidad de modificar o eliminar datos puede chocar con leyes de privacidad y protección de datos personales.
- Seguridad de los Contratos Inteligentes: La automatización a través de smart contracts requiere una programación impecable para evitar vulnerabilidades que puedan ser explotadas.
- Dependencia Tecnológica: La Administración Pública podría volverse dependiente de actores externos para la operación de la infraestructura blockchain.
Conclusión: Hacia una Administración Pública más Confiable
La implementación de blockchain en las contrataciones públicas es jurídicamente viable. Esta tecnología puede ser un poderoso instrumento para hacer realidad los principios de transparencia y rendición de cuentas, mejorando la eficiencia de los procedimientos y reduciendo los espacios para la opacidad.
El camino exige un marco normativo que habilite su uso de manera progresiva, asegurando que su aplicación sea compatible con la estructura de los enunciados jurídicos y con los principios que rigen la actuación administrativa en México.
📩En BAUTHER Abogados, estamos a la vanguardia de estos temas. Asesoramos a entidades públicas y privadas en la adopción de tecnologías disruptivas que fortalezcan el Estado de Derecho. Si necesitas asesoría sobre contratación pública, cumplimiento regulatorio o innovación legal, contáctanos.